Acto administrativo emanado por el órgano competente de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, en virtud del cual la Administración reconoce provisionalmente unos beneficios y un sometimiento a la legislación de vivienda protegida.

Este acto se realiza sobre un proyecto y está sujeto a condición, ya que una vez terminada la construcción se inspeccionará la misma, para controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas.